En esta etapa, la PDI se proyecta como una policía de ciclo completo, capaz de prestar servicios integrales a sus distintos usuarios en el territorio nacional e internacional, en cumplimiento a las funciones y tareas establecidas para garantizar los preceptos constitucionales vinculados a los derechos de las personas en materia de dignidad, libertad, seguridad y justicia, así como a consolidar los ejes rectores de la política de seguridad y justicia en todo el territorio nacional, dado el rol relevante que ellas juegan para crear condiciones que sustenten el desarrollo económico, social y político del país.

El concepto alude a un servicio público que se hace cargo de la relación policía - comunidad - autoridades, con un enfoque de corresponsabilidad y participación conjunta en la prevención estratégica y focalizada, el control de la criminalidad y la investigación de los delitos, el control migratorio, así como en la generación de seguridad y disminución de temor.

En efecto, la PDI se perfila como una institución capaz de enfrentar y asumir todas las tareas que el Estado de derecho, las leyes, las autoridades y la ciudadanía le confían y esperan de ella. En la práctica ello se traduce en que la Policía desarrolla funciones en todo el ciclo asociado a la seguridad y justicia en el país, con lo que:

• Investiga ilícitos ya acontecidos y determina la responsabilidad de quienes participan de éstos;
• Previene escenarios y se anticipa a la comisión de delitos a través del análisis criminal y las intervenciones focalizadas;
• Aporta los medios de pruebas y participa en primera instancia de la custodia de las evidencias;
• Asiste en la protección a víctimas y testigos;
• Cumple las órdenes de los Tribunales a fin de cooperar con la justicia.

Finalmente, es importante mencionar que a través del ciclo antes descrito, la Policía se relaciona con la comunidad y contribuye a reducir el temor y la sensación de inseguridad de las personas.