En todo organismo policial, las conductas indebidas son una amenaza permanente y latente. Sus miembros se ven expuestos cotidianamente a distintas situaciones que generan decisiones rápidas, donde se pone a prueba el profesionalismo y los valores. En otras palabras, el nivel de exposición es mayor al de un ciudadano común.
Conscientes de ello, los planes de modernización han abordado
sistemáticamente el concepto de accountability policial, con el fin de
transformarlo en una filosofía transversal de actuación, el que
involucra:
a) Rendición de cuenta y responsabilización por parte de los directivos.
b) Control externo de organismos gubernamentales y de la comunidad a través de la cuenta pública de la gestión.
c) Transparencia activa y pasiva.
La Inspectoría General es la repartición responsable de la fiscalización y el control administrativo y procedimental- , de la cual dependen las siguientes instancias relevantes:
• El Departamento V “Asuntos Internos” : Su misión es efectuar las indagaciones respecto de las denuncias de particulares por actuaciones funcionarias, especialmente aquellas reñidas con la ética, la honestidad, la probidad y la ley chilena, además de los reclamos formulados por las autoridades judiciales y administrativas.
• El Departamento VII “Control de Procedimientos Policiales” : Su propósito es realizar indagaciones destinadas a optimizar los procedimientos policiales que lleve a efecto el personal e informar cuando haya detectado errores reiterados, omisiones, deficiencias o imprudencias por parte de los funcionarios, en la evaluación de un procedimiento policial.
• El Departamento VIII “Análisis y Monitoreo de Conductas Indebidas”. Su misión es analizar y monitorear las conductas indebidas del personal de la Policía de Investigaciones que pudieran afectar la probidad y el prestigio institucional, a través de riesgo y proponer cursos de acción para inhibir la concreción de tales comportamientos.
• Los Contralores Regionales Internos, creados por Orden General Nº2.226 de fecha 19.MAR.009 cuya misión principal es constituirse como un oficial policial colaborador del jefe de la respectiva Región Policial en materias de fiscalización y control del quehacer institucional local, a objeto de orientar la actividad de la institución en su región. Particularmente le corresponde efectuar fiscalización de procedimientos policiales y de faltas a la probidad, como una estrategia preventiva que permita inhibir conductas indebidas. Para realizar su tarea se le han conferido las mismas funciones y atribuciones que al Inspector General, a nivel local.
Entre ellas, destacan la aplicación del test de drogas y las denuncias por conductas indebidas, entendidas como falta a la probidad.
La aplicación intensiva del test de drogas, fue dispuesta por la Orden General N° 1.496 de 1997 que crea el procedimiento para la toma de muestra y análisis químico de orina, con el fin de detectar la existencia de cocaína y sus metabolitos u otros tipos de drogas estupefacientes o psicotrópicas. Estos exámenes se aplican de manera permanente, velando por el correcto actuar del personal policial.
En relación al mecanismo de denuncias (casos de probidad), el personal y cualquier ciudadano puede dar a conocer, incluso en forma anónima, quejas, inquietudes o denuncias ante la Inspectoría General, el Departamento V (“Asuntos Internos”) y el Departamento de Contrainteligencia, sobre situaciones relativas a la ética, a la probidad funcionaria y a hechos o circunstancias que signifiquen desprestigio institucional y que deban ser investigados.
En cuanto a los medios empleados para canalizar dichos reclamos, destaca la modalidad “personal” (presencial), el que representa cerca del 45% de los casos, quedando de manifiesto la confianza de la ciudadanía en la labor que desarrolla la Institución en esta materia, a través del Departamento “V de Asuntos Internos” de la Inspectoría General.
Por otra parte, en un esfuerzo innovador, es relevante la investigación enfocada en la identificación de factores de riesgo de conductas indebidas en personal de la Policía de Investigaciones realizada durante el año 2002, y posteriormente en el año 2007 en conjunto con la Fundación Paz Ciudadana, donde se llevó a cabo la construcción de un modelo de evaluación, prevención y monitoreo de conductas indebidas al interior de la Institución, iniciativa inédita en el país.
Sin embargo, más allá de la existencia de diversas iniciativas en materia de control y sanción de conductas indebidas, sin duda se requiere perfeccionar constantemente los mecanismos preventivos y de monitoreo que permitan anticipar conductas de faltas a la probidad. Por este motivo, la Institución se encuentra trabajando en un programa dirigido a fortalecer y actualizar estas acciones durante los próximos años. La PDI puede dar garantías de sus capacidades en prevenir e investigar las conductas indebidas, así lo refrendan una serie de estudios:
• La Séptima Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2010, llevada a cabo por el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Estadísticas, revela que el 0,4% de los encuestados afirma que en los últimos 12 meses un funcionario público le exigió el pago de un soborno o “coima”. De este bajo porcentaje, en un solo caso se declaró que un detective estuvo involucrado en los hechos.
• Por otra parte, la Fundación Paz Ciudadana realiza (Índice Paz Ciudadana – Adimark GFK) desde hace más de 10 años una encuesta a nivel nacional que se aboca a indagar en la evolución del fenómeno delictual y evaluación respecto de las autoridades responsables de la Seguridad Pública y Ciudadana. Es necesario destacar que ambas policías en los últimos dos años son las instituciones del ámbito de la seguridad y justicia mejor evaluadas, La Policía de Investigaciones de Chile obtuvo durante el 2011 una calificación 5,1.
• Por su parte, una tercera encuesta – Auditoria a la democracia, realizada por el Centro de Estudios Públicos, constata en diciembre del año 2010 la disminución del porcentaje de personas que perciben corrupción en la Policía de Investigaciones, desde un 33% a un 20% entre los años 2006 y el 2010.
• Finalmente, demostración de una significativa mejoría de la transparencia que caracteriza a la Institución, en 2011 el VIII “Barómetro de Acceso a la Información” de la Asociación Nacional de Prensa, sitúa a la Policía de Investigaciones pasando de la novena (2010) a la quinta institución mejor evaluada entre 45 entidades públicas y privadas.
De igual modo, los resultados antes expuestos, se condicen con la implementación del accountability policial como estrategia permanente en la organización. Cabe recordar que nuestra Institución, desde el año 2004 en adelante, inició un proceso de rendición de cuentas a nivel nacional y regional, momento en el cual, de cara a la ciudadanía el Director General de la PDI, así como cada una de las Jefaturas Regionales, rinden cuenta pública sobre su gestión.
En esta misma línea, destaca la participación del Director General de la PDI, Marcos Vásquez Meza como expositor en del XXIX Curso Interdisciplinario en Derechos Humanos, llevado a cabo entre los días 8 y 19 de agosto de 2011.
Asimismo, en la línea de profundizar el compromiso con el respeto y la promoción de los derechos humanos, la PDI y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), firman en abril de 2012 un convenio para establecer una cooperación mutua en el ámbito académico, curricular y de formación para fortalecer el marco de respeto y garantía de los derechos humanos aplicables a la función policial. El acuerdo tiene el objetivo de generar un vínculo activo entre la PDI y el INDH que considere el desarrollo de estándares internacionales en materias de derechos humanos, particularmente en relación con la función policial.