Para la PDI el Plan “Chile Seguro” impulsado por el Gobierno, ha implicado una serie de desafíos transversales para la gestión, ya que constituye una propuesta integral de abordaje de la Seguridad Pública, los que son convergentes con los objetivos y lineamientos del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional Minerva II y sus cuatro áreas estratégicas de servicio. Durante el período 2011 – 2012, se establecieron las nuevas Metas Institucionales que permitieron a la Institución alinearse con las nuevas prioridades de la política pública de seguridad contenidas en el “Plan Chile Seguro”, cuyos objetivos principales son mejorar las intervenciones territoriales, aumentar los resultados y fortalecer los niveles de coordinación con el resto de los actores del sistema penal y de seguridad pública.
“Aumentar el esclarecimiento por delitos de Robo y Receptación, y el número de detenidos por Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS hurtos, robos, lesiones, violaciones, homicidios)”.
“Optimizar la calidad de los procesos de toma de denuncias y primeras diligencias por Robo y Hurto, y de las investigaciones policiales a través del cumplimiento de protocolos”.
“Incrementar la eficacia en los procedimientos por microtráfico y consumo de drogas”
“Incrementar la calidad y eficacia de campañas preventivas en materia de delitos sexuales y contra la familia, y de drogas dirigidas a la comunidad”.
“Aumentar el porcentaje anual de casos egresados del programa para reparación de los efectos psicosociales negativos provocados por los procesos de victimización primaria y secundaria, ocasionados por experiencias de vulneración en la esfera de la sexualidad”.
“Incrementar la eficacia en las fiscalizaciones de casas de compraventa establecidas”.
“Aumentar el desbaratamiento de organizaciones criminales y la eficacia del control del narcotráfico”.
“Aumentar la cantidad de infractores a la Ley de Extranjería que se encuentran en el país denunciados a la autoridad administrativa”.
De igual modo, el compromiso de la PDI y su desafío permanente es mejorar nuestros procesos de trabajo mediante el Modelamiento de las mejores prácticas, con el fin de evaluarlas, perfeccionarlas y transferirlas a nivel nacional. En base a evidencia empírica definimos qué aspectos de nuestra gestión entregan mejores resultados, innovamos para adecuarnos a las cambiantes condiciones del escenario delictual, adoptamos la gestión de la información y el análisis criminal para sustentar nuestras acciones investigativas, todo ello, con el propósito de contribuir a la política de seguridad pública y al sistema de persecución penal.
Nuestro desafío mayor, es contribuir a la calidad de vida de las personas, a través de un trabajo profesional y riguroso, liderando las iniciativas orientadas a contar con un país más seguro, donde cada habitante pueda desarrollar plenamente sus derechos.