En este período, la tasa de casos ingresados al Ministerio Público por cada 100 mil habitantes registró un incremento de 4,01% a nivel nacional en comparación con el año 2008. Al desglosar la cifra según delitos, se observa que los mayores incrementos se concentran en delitos económicos, robos no violentos, delitos funcionarios, otros delitos contra la propiedad, delitos de leyes especiales, homicidios y drogas. Lo anterior determina el perfil de los servicios policiales requeridos por el sistema procesal penal y obliga a examinar la oferta disponible, con el propósito de ajustarla en forma proactiva a la demanda.

A lo anterior se debe agregar que, según las encuestas de victimización del Ministerio del Interior (ENUSC 2003-2008), durante este período la cifra negra y la revictimización también han aumentado, revelando una mayor concentración de la criminalidad en determinados territorios y segmentos de la población en las comunas más habitadas del país. Esta situación, por cierto, plantea importantes desafíos para las estrategias policiales de prevención y control.

En efecto, diversos parámetros dan cuenta de que en los últimos años la demanda de servicios ha aumentado de manera considerable para la PDI. La medición de sus principales actuaciones indica que entre los años 2008 y 2009 los requerimientos se elevan un 6,31%. Destaca especialmente la variación anual en la demanda de medidas cautelares (73,7%) y participación en juicios orales (65%). Por otra parte, los delitos denunciados ante la PDI en este período registran un aumento de 19% en comparación con el año anterior, llegando a un total de 63.174 delitos a nivel nacional.

Ante un escenario caracterizado por una mayor demanda de servicios policiales, la PDI ha respondido incrementando su productividad de manera sostenida. A la vez, gracias a su perfil científico técnico, la PDI cuenta con ventajas competitivas que le permiten crear valor a través de la prestación de servicios policiales de mayor calidad para sus usuarios. Es por esto que su estrategia considera privilegiar determinadas actuaciones en cada una de sus cuatro áreas de servicio para brindar una respuesta especializada y con cobertura a nivel nacional. 

	En el área de la Investigación Criminal, la estrategia privilegia el enfoque en delitos de mayor connotación social y delitos de alta complejidad.
	En el área de Prevención Estratégica, se privilegia un enfoque orientado a contener y anticiparse a delitos y acciones criminales que representan amenazas en ámbitos sensibles para el desarrollo del país, tales como narcotráfico, crimen organizado, delitos medioambientales y cibercrimen.
	En el área de la Seguridad Pública y Ciudadana, el enfoque privilegia actuaciones policiales en el ámbito del control y la prevención secundaria para reducir la inseguridad objetiva y subjetiva en sectores con mayores índices de victimización y vulnerabilidad.
	En el área del Control Migratorio y Seguridad Internacional, la estrategia se basa en la diferenciación, lo que implica la prestación de servicios de calidad en toda la gama de respuestas que requieren sus usuarios.