La cibercriminalidad ha ido en aumento a nivel global y Chile no es la excepción, evidenciándose ataques cibernéticos cada vez más atractivos, transformándose en un desafío permanentes para las policías del mundo y también para nuestro país, dado que, los mismos tipos de ataques afectan a personas, empresas y al Estado.

 

Desde la dimensión normativa, nuestro país en el año 2017, consagró en su primera versión de la Política Nacional de Ciberseguridad, como uno de sus objetivos la adhesión al convenio sobre ciberdelincuencia más conocido como el convenio de Budapest, el cual mediante ese instrumento fue posible modificar la ley que establece aquellas acciones que son constituyentes de delitos en el campo informático, definiéndose ocho tipos penales, a saber: Ataque a la integridad de un sistema informático, Acceso ilícito, Interceptación ilícita, Ataque a la integridad de los datos informáticos, Falsificación informática, Recepción de datos informáticos, Fraude Informático y Abuso de los dispositivos.

En esa misma línea, desde el Gobierno, se han estado impulsado acciones que están orientadas a fortalecer el ecosistema de ciberseguridad nacional, congregando un apoyo transversal de todos los sectores políticos, ya que, se entendió como una política de Estado, lográndose con ello, la aprobación de la Ley Marco de Ciberseguridad, mediante la cual se crea la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la que tendrá no solo la misión de articular los esfuerzos entre el mundo público-privado sino que también contará con facultades tanto de carácter normativo, fiscalizadoras y sancionatorias.

 Otro punto a destacar desde la política pública, es la incorporación de la cibercriminalidad dentro de la Política Contra el Crimen Organizado, identificándose este fenómeno criminal como parte de los principales mercados ilícitos, tanto para aquellos delitos dependientes de los medios informáticos, vale decir, aquellos que no existirían en ausencia de la tecnología, como un ataque de ransomware.

 En consecuencia, todas las acciones que se han estado promoviendo obedecen a la creciente actividad en el campo de lo criminal que se relaciona con el ámbito digital, considerando aquellos servicios de carácter esencial, como pudiese ser la banca, servicios hospitalarios, transporte, entre otros sectores. En ese orden de ideas, se destacan aquellos incidentes más comunes tales como:

• Malware como servicio (MaaS por sus siglas en inglés), dentro de estos podemos encontrar el Ransomware.
• La vulnerabilidad de correos electrónicos (BEC, por sus siglas en inglés), que está orientada a quienes tienen la relación del manejo de dineros dentro de las organizaciones.
• Producción, Almacenamiento, Distribución o Comercialización de Material de Abuso Sexual Infantil (CSAM, por sus siglas en inglés).
• Amenazas de Masacres Escolares, un fenómeno creciente que utiliza justamente redes sociales para su viralización.
• Diversas formas de fraude informático bajo técnicas complejas.
• La utilización de criptomonedas como medio de pago.   

 

La cibercriminalidad en Chile representa un desafío creciente que requiere atención urgente y coordinada. La creación de la Agencia Nacional de Ciberseguridad es un paso positivo hacia la mejora de la seguridad digital en el país, pero su éxito dependerá de la colaboración efectiva entre el sector público y privado, así como del compromiso con la educación y la concienciación sobre ciberseguridad. Desde la dimensión estadística, es posible que, la obligación de reportar tanto por instituciones públicas como por las empresas privadas cuando se vean afectadas por un incidente de ciberseguridad, contribuya a obtener mayores datos que permitan dimensionar de mejor manera este fenómeno criminal.

Todos estos cambios también tendrán un impacto en el quehacer de la institución particularmente en el campo investigativo asociado al área de Cibercrimen, por esta razón, se trabaja en incorporar y/o fortalecer habilidades no solo en lo investigativo sino también en la obtención de evidencia digital que permitirá contribuir al mejoramiento del proceso de investigación considerando este nuevo escenario nacional, especialmente considerando la dimensión de complejidad que presenta este tipo de delitos.