El pasado 19 de junio, en el marco de su cuenta pública 2018, el Director General Héctor Espinosa, anunció la reconversión de dos unidades policiales, la cual, en función de los desafíos que impone la delincuencia, se orientaría a reforzar la investigación de los delitos de robos.

En el lapso de un mes, un importante avance en esta dirección se materializó con la oficialización del cambio de nombre de la Brigada de Investigación Criminal e Intervención Policial a Brigada Investigadora de Robos e Intervención Criminalística y la creación de la Brigada Investigadora de Robos Sur Oriente. Con ello, en la Región Metropolitana, las unidades especializadas de esta área aumentan de 4 a 6.

La incorporación de estas brigadas va acompañada de un cambio de enfoque que comenzó a cobrar notoriedad en septiembre de 2017 con la creación de la Jefatura Nacional Contra Robos y Focos Criminales. Esta última, según lo descrito por la máxima autoridad de la policía civil en su cuenta pública “ha aplicado activamente la metodología de focos criminales y trabaja de la mano con nuestro Centro Nacional de Análisis Criminal, las Oficinas de Análisis (Ofan) y el Ministerio Público”.

Esta repartición, de la cual dependen técnicamente todas las brigadas especializadas de robos del país, surgió de la necesidad de robustecer la persecución de los delitos contra la propiedad, a través de nuevas estrategias y modelos de análisis e investigación. Desde su creación las investigaciones desarrolladas han permitido identificar y desarticular diversas bandas dedicadas a delitos contra la propiedad, como por ejemplo, aquellos conocidos como portonazos, y configurar la nueva “Estrategia de Investigación Integral de Robos IR360” cuya pronta implementación se sumará a los nuevos enfoques adoptados por la PDI.

El desafío principal fue descrito por el Director General en su discurso del 19 de junio, cuando señaló: “Si teníamos un 8% de imputado conocido a nivel nacional en delitos violentos, con esta estrategia pretendemos alcanzar estándares superiores al 60%, en delitos de alta complejidad contra la propiedad”.